La propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte

La propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte

Por: Francisco Juárez Piña
Master Propiedad Intelectual
EGADE Business School
Barcelona, España. 2016

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) representó un parteaguas en el tratamiento de la propiedad intelectual en los tres países signatarios: Canadá, Estados Unidos y México, no libres de polémicas ni cuestionamientos. Para autores como Álvaro Díaz, todos los países latinoamericanos que han entablado Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos buscaron aumentar sus exportaciones y la inversión extranjera, a cambio de “reducir aranceles, a fortalecer los derechos de propiedad intelectual (DPI), a abrir el mercado de las compras gubernamentales y a flexibilizar las regulaciones en materia de movimiento de capitales y servicios financieros” (Díaz, 2008: 18). Estas acciones son riesgosas para los llamados países subdesarrollados, los cuales pueden verse perjudicados por las desigualdades en sus economías respecto con Estados Unidos. Para Díaz, uno de los peligros que pueden enfrentar las sociedades latinoamericanas a partir de excesiva protección a la propiedad intelectual, es la falta de acceso a medicamentos genéricos, lo cual tiene un impacto enorme para el sector salud.

La propiedad intelectual tiene un papel preponderante en el TLCAN. Entre las acciones que conducen a la firma del tratado, que se especifican en el preámbulo del documento, se señala que los gobiernos de los tres países se encuentran decididos a “alentar la innovación y la creatividad y fomentar el comercio de bienes y servicios que estén protegidos por derechos de propiedad intelectual” (TLCAN, 1994). Es decir, que la protección a los derechos de propiedad intelectual aparecen como la principal condición para el comercio exterior entre estos países. El libre comercio en América del Norte tiene pues, sus cláusulas.

Ahora bien, la protección a la propiedad intelectual es abordada a detalle en la parte sexta del tratado, de la cual analizaremos sus aspectos principales. En el “artículo 1701: Naturaleza y ámbito de las obligaciones”, se establece que los tres países están obligados a garantizar la protección de la propiedad intelectual de ciudadanos de otro de los países signantes, sin que la protección se convierta en un obstáculo para el comercio exterior. Esto también significa que aunque cualquier país puede ampliar la protección a la propiedad intelectual en sus respectivas legislaciones, esta no puede ser incomplatible con lo establecido en el tratado (art. 1702).

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Sobre los derechos de autor, el TLCAN establece en su artículo 1705, que se alinea al Convenio de Berna, tratado firmado en 1886 para la protección de las obras y los derechos de autores, en particular “el derecho de autorizar o prohibir”:

  1. a) la importación al territorio de la Parte de copias de la obra hechas sin autorización del titular del derecho;
  2. b) la primera distribución pública del original y de cada copia de la obra mediante venta, renta u otra manera;
  3. c) la comunicación de la obra al público; y
  4. d) la renta comercial del original o de una copia de un programa de cómputo (Ídem).

En el artículo 1706 del TLCAN se establece sobre los fonogramas, definidos por la OMPI como “toda fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación o de otros sonidos de una representación de sonidos que no sea en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisual”, que el periodo de protección aceptado por las partes del tratado es de 50 años, en los que el productor del fonograma tiene derecho de “autorizar o prohibir”:

  1. a) la reproducción directa o indirecta del fonograma:
  2. b) la importación al territorio de la Parte de copias del fonograma hechas sin la autorización del productor;
  3. c) la primera distribución pública del original y de cada copia del fonograma mediante venta, renta u otra manera; y
  4. d) la renta comercial del original o de una copia del fonograma, excepto cuando en un contrato entre el productor del fonograma y los autores de las obras fijadas en el mismo exista estipulación expresa en otro sentido (Ídem).

Sobre las marcas, el tratado establece en el artículo 1707 la obligatoriedad para las partes signantes de la creación de un sistema de registro de marcas, con un registro inicial de por lo menos diez años, mismo que puede renovarse indefinidamente por periodos no menores a diez años. Por otra parte, las claúsulas de patentes que se indican en el artículo 1709 indican que los países podrán excluir de patentabilidad:

  1. a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos, para el tratamiento

de seres humanos y animales;

  1. b) plantas y animales, excepto microorganismos;
  2. c) procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas o

animales, distintos de los procesos no biológicos y microbiológicos para dicha

producción (Ídem).

Cabe preguntarse sobre las consecuencias del registro de patentes establecidas en el TLCAN. Álvaro Díaz se hace la interrogante “¿Existe autonomía para formular políticas nacionales para la regulación de las patentes?” A lo que responde que sí, dado que “en acuerdos multilaterales como el ADPIC y tratados bilaterales como los http://cialisfrance24.com TLC se establece el período de vigencia de las patentes, pero no los criterios para evaluar el grado de originalidad y el ámbito de ellas. Tampoco contemplan normas específicas sobre divulgación de la información técnica y otorgan bastante flexibilidad para definir las exclusiones” (Díaz, 2008: 35,36).

Sobre la defensa de los derechos de propiedad intelectual incorporada en el TLCAN, el artículo 1714 obliga a los tres países a establecer en su legislación interna “procedimientos de defensa de los derechos de propiedad privada” (TLCAN, 1994), mismos que deben ser accesibles y evitar las demoras en sus procesos. Asimismo, los involucrados en un procedimiento sobre propiedad intelectual deben contar con la posibilidad de obtener una revisión de las resoluciones, sin que con esto los países estén obligados a crear un sistema judicial enfocado exclusivamente a dicho tema.

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En cuanto a las sanciones, el tratado otorga a los países signantes la facultad de realizar las siguientes acciones:

  1. Cada una de las Partes dispondrá procedimientos y sanciones penales que se apliquen cuando menos en los casos de falsificación dolosa de marcas o de piratería de derechos de autor a escala comercial. Cada una de las Partes dispondrá que las sanciones aplicables incluyan pena de prisión o multas, o ambas, que sean suficientes como medio de disuasión y compatibles con el nivel de las sanciones aplicadas a delitos de gravedad equiparable.
  2. Cada una de las Partes dispondrá que sus autoridades judiciales puedan ordenar el secuestro, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de cualquiera de los materiales e instrumentos cuya utilización predominante haya sido para la comisión del ilícito.
  3. Cada una de las Partes podrá prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, distintos de aquéllos del párrafo 1, cuando se cometan con dolo y a escala comercial (Ídem).

No obstante el amplio margen que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte otorga en materia de propiedad intelectual a los países que lo firmaron, tuvo un impacto considerable en las políticas gubernamentales que implementaron Estados Unidos, Canadá y México. De hecho, no podemos comprender cabalmente la magnitud de los cambios en materia de propiedad intelectual si no consideramos a la par del tratado, las políticas públicas en la materia que surgieron a partir de la firma. En el caso mexicano, una forma de observar tal impacto es analizar el tratamiento que se da a la propiedad intelectual en los planes nacionales de desarrollo, la principal ruta de los gobiernos federales a seguir durante sus sexenios.

Propiedad intelectual en el Plan Nacional de Desarrollo: el caso mexicano

La importancia del Plan Nacional de Desarrollo ha cambiado a lo largo de la historia reciente de México. Si bien muchos autores consideran que en la actualidad se trata más de un requisito que cumplir por parte del ejecutivo, podemos reconocer que el Plan puede servir como un marco general de la política del gobierno durante el sexenio (Urquidi, 2002), e incluso proporciona los parámetros para realizar una evaluación del desempeño y la consecución de objetivos de la administración (López Casas, 2007).

Además, el Plan Nacional de Desarrollo es una herramienta analítica significativa para observar la incorporación de una temática o una problemática en la agenda institucional, y su evolución. Esta característica es particularmente útil en el caso que aquí nos compete. A partir de la revisión de los Planes Nacionales de Desarrollo podemos comprender la importancia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para la protección de la propiedad intelectual y los derechos de autor en México, una discusión prácticamente inexistente en los Planes anteriores a 1994, fecha de la firma del tratado, y que evolucionó hasta convertirse en una parte fundamental para el desarrollo del país.

La incorporación de la propiedad intelectual y los derechos de autor en el Plan Nacional de Desarrollo no se dio inmediatamente después del TLCAN. De hecho, en la estrategia del periodo 1995-2000, del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, no hay ninguna referencia a la protección a la propiedad intelectual ni a los derechos de autor. Por ejemplo, en el caso de éstos últimos, si bien había un marco normativo en la materia antes del TLCAN, e incluso su protección se incorporó en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1971 no fue sino hasta la firma del tratado, e incluso tres años después, el 25 de marzo de 1997, que entró en vigor la Ley Federal del Derecho de Autor que se mantiene hasta nuestros días. Cabe mencionar que en su inicio, esta ley se enfrentó a numerosas críticas por parte de la comunidad artística, por considerar que no cumplía con “las expectativas de modernidad que planteara el presidente Ernesto Zedillo en su campaña”, e incluso que “La nueva ley se presta para que el usuario de una obra presione al autor de la misma a renunciar a sus derechos como creador”, afirmó en 1997 Grisel Vistraín, presidenta de la Sociedad de Autores de las Obras Fotográficas (Proceso, 22 de marzo de 1997).

Ya en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, durante el sexenio de Vicente Fox, la propiedad intelectual adquiere mayor importancia en las estrategias de desarrollo del país. En el Plan de ese periodo, el Objetivo rector 2: elevar y extender la competitividad del país, estableció como meta aumentar la competitividad del país en un marco de relaciones globales, para lo que se propuso ofrecer disponibilidad de infraestructura, el impulso de educación y capacitación enfocadas hacia la producción, así como mayor desarrollo tecnológico y científico. Para cumplir este objetivo, entre las estrategias se promovió una mayor protección de la propiedad intelectual:

Se aprovechará la coyuntura de la convergencia tecnológica de telecomunicaciones e informática para ofrecer a la población nuevos y mejores servicios en materia de aprendizaje, capacitación, salud, servicios de gobierno, comercio y entretenimiento, así como para procurar la promoción del país en el extranjero. Fomentar y difundir la industria del desarrollo del software, así como adoptar los mejores estándares tecnológicos y medidas que protejan la calidad de los servicios a los usuarios, así como la propiedad intelectual (Plan Nacional de Desarrollo, 2001).

Para el periodo de Felipe Calderón Hinojosa, la protección de la propiedad intelectual avanzó para no ser sólo una estrategia para el desarrollo, sino que fue un objetivo en sí mismo. En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 el objetivo 3 Garantizar la protección a los derechos de propiedad, estableció que la ley debe garantizar el mantenimiento de las posesiones que hayan obtenido legítimamente. Para alcanzarlo, se diseñaron las siguientes estrategias:blogg

ESTRATEGIA 3.1 Mejorar la regulación que protege los derechos de propiedad.

Se efectuará una mejora normativa y se adoptarán nuevos estándares que aseguren un irrestricto respeto a los derechos de propiedad. Lo anterior incluye materias como la expropiación, la tenencia de la tierra, la propiedad intelectual, el cumplimiento de contratos, así como los registros públicos de la propiedad y del comercio.

ESTRATEGIA 3.2 Proteger la propiedad intelectual.

Un delito extendido es la violación a los derechos de propiedad intelectual mediante la piratería. Esto desincentiva la innovación y destruye la motivación de emprendedores actuales y potenciales. Se harán cumplir las leyes nacionales y los acuerdos internacionales en la protección de los derechos de autor y de las patentes, mediante aseguramientos de mercancía y acciones de carácter preventivo en las aduanas, para impedir el ingreso de productos ilegales al país (Plan Nacional de Desarrollo, 2007).

En la estrategia 3.2 ya se incorpora la protección ante la piratería, uno de los mayores riesgos a los que se enfrenta la propiedad intelectual. El Sexto Estudio Anual sobre Piratería de Software Global estimó que de 2007 a 2008 el índice de piratería mundial aumentó de un 38 a un 41%. El mismo estudio consideró a América Latina entre las regiones con los índices más altos de piratería, solo después de Europa del Este (Business Software Alliance, 2008).

En el actual Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, la protección de la propiedad intelectual es fundamental para el desarrollo de múltiples estrategias. Tal es el caso del apartado V.2 que busca “consolidar el papel constructivo de México en el mundo”, para el cual se establecieron cuatro objetivos, dos de los cuales tienen la protección de la propiedad intelectual como su eje:

(…) En tercer lugar, reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva permitirá que México eleve y democratice su productividad. Esto significa que todos los individuos y las empresas, sin importar su escala o ubicación, tengan la posibilidad de participar en los beneficios de la globalización. Por tanto, es necesario que cuenten con las herramientas y la capacitación requerida para ser competitivos y aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales.

Adicionalmente, es relevante contribuir al establecimiento de reglas claras para las exportaciones, la inversión y la protección de los derechos de propiedad intelectual y contar con mecanismos apropiados para la defensa de nuestros intereses comerciales, así como los de exportadores e inversionistas nacionales.

El cuarto objetivo de la política exterior consiste en velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional (Plan Nacional de Desarrollo, 2013).

A su vez, el VI.3 “México con Educación de Calidad”, que en su estrategia 3.5.4 propone vincular “las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado”, establece como línea de acción “Incentivar, impulsar y simplificar el registro de la propiedad intelectual entre las instituciones de educación superior, centros de investigación y la comunidad científica” (Ídem). Por otra parte, en la sección VI.5 “México con Responsabilidad Global”, la propiedad intelectual es considerado como tema estratégico en las relaciones internacionales de México, en el que busca fortalecer su posición como “actor responsable, activo y comprometido”, para lo que la línea de acción a seguir, es “reforzar la participación de México ante foros y organismos comerciales, de inversión y de propiedad intelectual” (Ídem).

La evolución de la propiedad intelectual en las estrategias de gobierno en México ha sido lenta pero constante. De ser un tema que poco se discutía en el país, en la actualidad éste busca ser un actor preponderante en la materia a nivel internacional. Ahora bien, es relevante evitar la tendencia a hacer relaciones causales simplistas, que pueden llevarnos a sostener que la firma del TLCAN fue la causa del despunte de la protección de la propiedad intelectual en México, cuando existieron otros elementos que también fueron importantes, como la presión ejercida por las comunidades creadoras para que se establecieran marcos normativos más precisos que garantizaran la protección de sus obras. Sin embargo, es necesario reconocer la influencia que el TLCAN tuvo como marco para esta evolución.

Bibliografía.

Alliance, B. S. (2008). La piratería del software en el mundo. Washington, DC: BSA.

Díaz, Á. (2008). América Latina y el Caribe: La propiedad intelectual después de los tratados de libre comercio. Santiago de Chile: CEPAL.

López Casas, J. G. (2007). Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010: ¿desarrollo para todos? Revista Colombiana de Psiquiatría, 190-193.

Presidencia de la República. (2007). Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. México: Presidencia de la República.

Presidencia de la República. (2013). Plan Nacional de Desarrollo. México: Presidencia de la República .

Redacción, L. (22 de Marzo de 1997). Proceso. Recuperado el 9 de Marzo de 2016, de www.proceso.com.mx: http://www.proceso.com.mx/175176/repudian-artistas-la-nueva-ley-de-derechos-de-autor

República, P. d. (2001). Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. México: Presidencia de la República.

TLCAN. (1994). Tratado de Libre Comercio de América del Norte. http://idatd.cepal.org/Normativas/TLCAN/Espanol/Tratado_de_Libre_Comercio_de_America_del_Norte-TLCAN.pdf.

Urquidi, V. L. (2002). Comentario al Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Estudios Demográficos y Urbanos, 209-216.

 

One thought on “La propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte

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